BINGO: Campañas de Mario Díaz-Balart financiadas por Crowley, contratista que comercia con el régimen cubano
A principios de esta semana publiqué un informe exclusivo que sacudió a la diáspora cubana de Miami, al exponer el silencio deliberado del congresista de Florida Carlos Giménez respecto a Crowley Maritime Corporation —un contratista del Departamento de Defensa con sede en Florida que realiza operaciones de carga y transporte en el puerto cubano de Mariel bajo la supervisión directa de las fuerzas militares cubanas.
Crowley Maritime, un contratista del DoD con contratos de 2.300 millones de dólares en Servicios de Transporte de Carga de Defensa (DFTS) y 343 millones de dólares en contratos de la Fuerza de Preposicionamiento Marítimo (MPF), ha operado en Cuba desde 2001 bajo autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Sus operaciones en Cuba, donde el ejército del régimen castrista colabora con China, Rusia e Irán, implican riesgos de espionaje, especialmente considerando las instalaciones de inteligencia china cerca de La Habana.
También llamé la atención sobre una fotografía y un video que muestran al dictador cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez participando en un evento de Crowley Maritime Co. en La Habana, lo que subraya de manera contundente y alarmante el evidente nexo Cuba–Crowley–DoD.
Los sitios de inteligencia de señales (SIGINT) de Cuba—Bejucal, Wajay, Calabazar y El Salado—están activos desde 1992, con importantes mejoras en 2019 y 2025. Estas instalaciones interceptan comunicaciones militares estadounidenses, rastrean lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral y espían la Base Naval de Guantánamo. Bejucal ahora cuenta con una nueva Antena Circularmente Dispuesta (CDAA), mientras que el complejo ampliado de 12 antenas en Wajay incrementa notablemente el alcance de vigilancia de Cuba.
El papel de Cuba como proxy de los adversarios de Estados Unidos —al albergar visitas navales rusas, mantener vínculos diplomáticos con Irán y alojar sitios de inteligencia de señales (SIGINT) chinos— convierte las operaciones de Crowley en una responsabilidad geopolítica. Al operar en Cuba, Crowley corre el riesgo de fortalecer a un régimen que respalda a gobiernos antiestadounidenses como el de Venezuela y que facilita la guerra asimétrica, minando los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Resulta tanto decepcionante como preocupante que el congresista Giménez—copatrocinador de la Ley de Seguridad de 2023—no haya utilizado su cargo como presidente del Subcomité de Seguridad Marítima y de Transporte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara para, al menos, criticar y exponer el papel de Crowley en apuntalar y hacer negocios con el régimen.
Estas revelaciones han recibido un apoyo abrumador de figuras dentro del movimiento MAGA, incluyendo al general Michael Flynn, el coronel Rob Maness y el excongresista Matt Gaetz, quienes se han unido a mi para denunciar la gravedad de la negativa del congresista Giménez a actuar —o incluso pronunciarse— sobre las alarmantes operaciones de Crowley con el ejército comunista cubano.
El congresista Giménez tuvo múltiples oportunidades de examinar las actividades de Crowley en Cuba —en particular durante la audiencia conjunta sobre Seguridad, Protección e Inversión en Infraestructura Portuaria del 5 de abril de 2024, donde James C. Fowler, vicepresidente senior y gerente general de Crowley Shipping, participó como panelista. Que el congresista Giménez haya optado por no formular ni una sola pregunta allí, ya resultó bastante desconcertante.
En esa misma audiencia de abril de 2024 también estuvo presente el congresista Mario Díaz-Balart, de Florida, viejo amigo y aliado político de Giménez. A pesar de la presencia del alto ejecutivo de Crowley, Díaz-Balart tampoco planteó preguntas sobre las operaciones de la empresa en Cuba ni sobre los posibles riesgos de seguridad vinculados a la labor de Crowley como subcontratista del Departamento de Defensa.
¿Coincidencia?
Los registros de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) revelan que el congresista Díaz-Balart, de hecho, ha recibido a lo largo de los años diversas contribuciones de campaña de Crowley Maritime PAC. Lejos de ser una empresa desconocida para Díaz-Balart, los vínculos financieros entre él y este contratista de defensa sugieren una relación bien establecida, una que plantea serias preguntas sobre su renuencia a examinar los negocios de Crowley con el régimen cubano. El silencio es el grito más ensordecedor.
Recuérdenme: ¿de qué manera, aparte de la retórica, el congresista Giménez y su compinche político, el congresista Díaz-Balart, realmente “representan” al electorado cubanoamericano?
Giménez, como presidente del Subcomité de Seguridad Marítima y de Transporte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, ha hecho la vista gorda mientras Crowley Maritime se lucra y mantiene tratos directos con el régimen comunista cubano. Su silencio es replicado por su aliado político, el congresista Díaz-Balart—quizás nada sorprendente, dado sus propios vínculos financieros con Crowley.
La ceguera voluntaria y la complicidad de ambos—especialmente a la luz de sus estrechos lazos con la comunidad cubanoamericana—constituyen un grave fracaso a la hora de enfrentar no solo una clara amenaza a la seguridad nacional, sino también un profundo problema moral.
En la política, el silencio rara vez es gratuito. En este caso, Crowley ha estado pagando la factura.